WASHINGTON—El presidente del Comité de Migración de los obispos de Estados Unidos exhortó al Senado tomar medidas y aprobar un proyecto de ley para proteger a los “Dreamers” y también a los beneficiarios de los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) y de Salida Diferida Forzada.
La declaración del obispo auxiliar de Washington Mario E. Dorsonville, emitida el 4 de junio pasado, se realizó para celebrar el primer aniversario de la aprobación de la Ley de Promesas y Sueños Americanos, HR6, en la Cámara de Representantes. Esta ley proporciona una vía a la ciudadanía para aquellos traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños. Más conocidos como “Dreamers”, ellos son beneficiarios de DACA, la sigla en inglés del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
HR6 también describe una vía de ciudadanía para los titulares de Estatus de Protección Temporal, o TPS, y de Salida Forzada Diferida, conocida como DED.
TPS es un estado de inmigración temporal que se otorga a ciudadanos de países específicamente designados que enfrentan un conflicto armado en curso, un desastre ambiental o condiciones extraordinarias y temporales. DED también es un beneficio de inmigración temporal para personas de países y regiones que enfrentan situaciones similares.
“Hoy, lamentablemente, los titulares de Dreamers y TPS siguen siendo vulnerables y sin estatus legal permanente”, dijo el obispo Dorsonville. “Esta continua incertidumbre para los titulares de Dreamers y TPS llega en un momento durante la pandemia de COVID-19 cuando muchos de ellos, junto con ciudadanos estadounidenses, están en primera línea proporcionando trabajo esencial para nuestro país en atención médica, suministro de alimentos y transporte”.
Actualmente, señaló el prelado, más de 62,000 beneficiarios de DACA están trabajando en el cuidado de la salud.
“En el año transcurrido desde la aprobación de HR6, no ha habido ninguna acción en el Senado de Estados Unidos para promover la protección legislativa permanente para los ‘Dreamers’ y los titulares de TPS”, dijo.
El obispo agregó: “Mientras esperamos una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, nuevamente pedimos al Senado impulsar la legislación que proporciona una vía a la ciudadanía para estas personas, que son esencial para nuestras comunidades, nuestra iglesia y nuestro país”.
La decisión del tribunal superior, prevista para fines de junio, determinará si el presidente Donald Trump tenía la autoridad de rescindir DACA por orden ejecutiva. Fue implementado en 2012 con una orden ejecutiva del presidente Barack Obama.
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