MATAMOROS, México – Cuando la hermana Norma Pimentel preguntaba a solicitantes de asilo en un campamento junto al Río Bravo en esta ciudad fronteriza mexicana que necesitaban, ellos solían pedir artículos como utensilios y cobijas. Ahora, cuando habla con ellos, expresan temor por su seguridad y preguntan cómo salir.
Afirma que están entrando a una situación más desesperante. “Sáquenme de aquí, tengo miedo por mi hijo”, es lo que le dicen.
A los residentes de Dignity Village –habitada por solicitantes de asilo que están esperando en México que sus casos avancen en las cortes de EE.UU. como parte del plan de Protocolos de Protección del Inmigrante– les ha pasado de todo: desde olas de frío hasta huracanes, han visto ratas y serpientes, hasta infestaciones de bichos, y bandas criminales que los secuestran y ahora enfrentan la pandemia del COVID-19.
Pero el miedo se ha apoderado del campamento en las últimas semanas, cuando se ha encontrado por lo menos a siete personas asesinadas y sus cuerpos abandonados a lo largo de la orilla del río en un sector donde los residentes del campamento solían lavar y bañarse.
“Es difícil saber (lo que está pasando) porque las autoridades no están hablando y no están identificando al individuo. Dicen que la persona (muerta) es de la ciudad de Matamoros, pero la mayoría de la gente no lo cree”, dijo la hermana Norma, de la congregación Misioneras de Jesús y directora de Caridades Católicas del Valle de Río Grande. “Es peligroso y todos quieren irse”.
A medida que el tiempo pasa, la desesperación se apodera de ellos, especialmente cuando los que ocupan las carpas temporales son maltratados por ciertos factores –como el huracán Hanna que los afectó en agosto, casi inundando el campamento — y la pandemia del COVID-19 que obliga a posponer sus audiencias en cortes de EE.UU. para un futuro inmediato.
“No hay nada en vista que pueda realmente ayudarlos a avanzar… Han soportado meses de dificultades y el COVID-19 no ayuda”, dijo la hermana Norma.
La población del campamento ha disminuido a menos de 1,000 residentes, aproximadamente un tercio de su máxima capacidad. Algunos regresaron a sus países de origen, mientras otros se han mudado a mejores alojamientos. Algunos solicitantes de asilo se están estableciendo en México y hacen el trámite para quedarse, aunque la hermana Norma dijo que muchos de ellos “no se ven a sí mismos ni prosperando ni viviendo con seguridad allí, así que México no se considera” como una opción.
Algunos de los que viven en el campamento también sienten la tentación de cruzar el Río Bravo hacia Estados Unidos –una propuesta arriesgada, según tres personas que trabajan con los inmigrantes. Explicaron que el río tiene fuertes y engañosas corrientes y el crimen organizado exige un pago a los que intentan cruzar.
“Tienes que pagarles $500 para hacer eso… No van a tratar de ayudarte a cruzar, simplemente están solo dándote permiso para cruzar”, dijo la hermana Norma. “Si ocurre que te envían de vuelta, estás en problemas, y ellos se aseguran de que sepas eso”.
Rodrigo Castro, un solicitante de asilo de Guatemala y líder en el campamento, fue encontrado muerto el 18 de agosto en el río. Inicialmente se creía que Castro se había ahogado mientras trataba de rescatar a alguien dentro del río, pero rumores de que lo asesinaron son comunes en el campamento. Una fuente que conoce a su familia afirma que fue un asesinato para “enviar un mensaje” a aquellos que cruzan el río sin pagar.
Se han encontrado por lo menos otras seis personas muertas en el sector, según tres fuentes consultadas por Catholic News Service, aunque no se tiene la certeza si estaban viviendo en el campamento.
María, una residente del campamento oriunda de El Salvador, quien habló bajo un seudónimo para proteger su identidad, describió una situación desesperada en el campamento que está incitando a la gente a correr riesgos en el río.
Una persona que ayuda en el campamento dijo que se han estado curando a la gente que ha sufrido golpizas fuertes propinadas por el crimen organizado. A las golpizas les llaman “tablazos”, en las cuales se usa un palo de madera para azotar a la persona.
El control que mantienen elementos del crimen organizado sobre la transmigración a través del estado de Tamaulipas lleva varios años, según personas de la iglesia que trabajan con migrantes. Ellos alertaron que los Protocolos de Protección del Migrante, dados a conocer a inicios de 2019 e implementados posteriormente en Tamaulipas, enviarían a los solicitantes de asilo de vuelta a peligrosas ciudades fronterizas.
La experiencia violenta dentro del campamento aumentó la vulnerabilidad de los migrantes –dijo el padre Francisco Gallardo, quien dirige los ministerios del migrante en la Diócesis de Matamoros.
“Eso daba pie a fortalecer a los grupos criminales para la cuestión económica porque al quedarse un migrante varado en México lo que están buscando es que los crucen los coyotes y les están cobrando mucho dinero”, dijo el padre Gallardo. “Y eso fortalece la economía de grupos criminales … hay más muertes, más situaciones de vulnerabilidad y más desaparecidos”.
Mientras tanto, el padre Gallardo sigue celebrando misa en el campamento y brindando atención espiritual. Su equipo también trabaja procesando las solicitudes de los residentes del campamento de establecerse en México o retornar a sus países de origen.
La hermana Norma a menudo coordina con los funcionarios de inmigración de México, haciéndoles llegar las solicitudes de los residentes para su consideración. También escucha las peticiones, como las súplicas de un grupo de mujeres embarazadas, quienes dudaban si los funcionarios de EE.UU. les otorgarían audiencia.
A pesar de toda la desesperación –dijo– muchos no han perdido la esperanza de llegar a Estados Unidos por una simple razón: “No pueden regresar a sus países”.
Por David Agren
