WASHINGTON—Líderes católicos se sumaron a otros más de 35 grupos que presentaron testimonios escritos voluntarios, instando a la Corte Suprema a que apoye la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA.
Los que respaldan el programa, que fue establecido por el presidente Barack Obama en 2012, quieren que el máximo tribunal mantenga las tres sentencias independientes emitidas por el tribunal de apelaciones que han obstruido la disposición del presidente Donald Trump del 2017 de ponerle fin a DACA.
El programa ha protegido a aproximadamente 800,000 jóvenes, conocidos como “soñadores”, quienes llegaron siendo niños a Estados Unidos con sus padres, pero sin documentación legal. Los beneficiarios calificados pueden obtener un permiso de trabajo, seguro de salud y licencia de conducir y, sobre todo, no enfrentan la deportación.
El 12 de noviembre, los jueces analizarán los tres casos consolidados presentados en Nueva York, California y el Distrito de Columbia que pretenden evitar que el programa sea eliminado. Los demandantes en cada uno de estos casos han argumentado que el mandato de Trump de ponerle fin a DACA violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), una ley federal que establece la forma en que las agencias federales pueden crear o hacer cumplir las regulaciones.
Los jueces federales de las cortes menores que han bloqueado el fin del programa, han dicho que la administración Trump tiene que dar una explicación clara de por qué exactamente el programa debe ser eliminado.
Líderes católicos han participado en dos alegatos separados en apoyo a DACA. Uno de ellos fue presentado por la Asociación de Colegios y Universidades Católicas, Caridades Católicas USA, la Asociación Católica de Salud, la Red Legal Católica de Inmigración Inc., la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y el Centro para Estudios de la Migración, entre otros.
El otro fue presentado por al menos 20 grupos católicos conformados por cientos de organizaciones religiosas. Entre los católicos que conformaron el grupo estaban congregaciones religiosas femeninas y provincias de congregaciones religiosas masculinas, la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas, la Oficina de Maryknoll para Asuntos Globales, Pax Christi USA, la Red Ignaciana de Solidaridad, la Arquidiócesis de Miami y agencias de Caridades Católicas de Nueva Jersey y Nueva York, entre otros.
El alegato presentado por USCCB y otras organizaciones católicas, hizo hincapié en los beneficios que DACA le brinda a sus beneficiarios y a la sociedad en general, e igualmente señaló la forma en que el programa fue cancelado.
“La única justificación que se dio para suspender DACA, fue una nueva opinión de que el programa es ilegal”, expresó el alegato, agregando que el Departamento de Seguridad Nacional “falló absolutamente al no considerar y abordar las drásticas consecuencias de la revocación —entre ellos la separación de familias de forma masiva—. El error de no considerar los hechos subyacentes al programa, viola APA y por consiguiente la revocación es ilegal”.
El alegato argumentó que la decisión de acabar con DACA es “arbitraria y caprichosa” porque “cometió la falla de no considerar los severos daños individuales y sociales de la separación familiar”.
La lista de grupos religiosos que se unieron en un alegato separado en apoyo a DACA, es de tres páginas y media. El mismo argumenta que “desde el inicio de DACA en 2012, las comunidades religiosas estadounidenses de diversas corrientes religiosas han apoyado el programa como una respuesta justa y compasiva a una crisis humanitaria y moral”.
Igualmente destaca que “considerando la fe y la moral” los beneficiarios de DACA deben ser protegidos y el fin del programa “causaría un daño irreparable e iría en severo detrimento del público en general”.
El informe también destacó que los grupos que estaban presentando este alegato a la máxima corte “tienen conocimiento de primera mano de las valiosas contribuciones de los beneficiarios de DACA a la fe y a la comunidad y comprenden perfectamente el daño que causaría acabar con DACA”.
El alegato citó a uno de los firmantes, Servicios Comunitarios de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, el cual expresa lo siguiente: “DACA es un importante primer paso para reconocer y expandir lo mucho que contribuyen a nivel humano y social los jóvenes inmigrantes y lo necesarios que son en nuestras propias comunidades”.
Además, argumentó que cuando el gobierno anunció su decisión de ponerle fin a DACA en 2017, “incontables grupos y líderes religiosos difundieron declaraciones condenando la misma”.
Destacando unas pocas reacciones incluidas, el alegato dijo que la USCCB calificó la decisión de inaceptable y reprochable y “un momento desgarrador en nuestra historia que muestra la ausencia de misericordia y buena voluntad”.
El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, describió la decisión como “una acción cruel” que generaría miedo y ansiedad entre los soñadores y sus familias. Por su parte, la Unión para el Judaísmo Reformista y la Conferencia Central de Rabinos Americanos dijeron que era “una política pública pobre y moralmente errónea”.
Los grupos religiosos representados en el alegato dijeron que las instituciones de fe tienen “un especial interés en servir a poblaciones inmigrantes y vulnerables”. También subrayaron que a raíz de su trabajo en otros lugares del mundo, ellos saben que los soñadores deportados “encararían retos tremendos e incluso peligraría su integridad física”.
El alegato también habla del sufrimiento que los amparados por DACA podrían encarar si son deportados, basándose en el trabajo de la Oficina de Maryknoll para Asuntos Globales en México, El Salvador, Guatemala y otros países. A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, los misioneros de Maryknoll escuchan a diario “historias de desesperación sobre los países a los cuales muchos soñadores podrían ser devueltos”, es decir, pobreza, hambre, extorsión, agresión sexual, violencia de pandillas y opresión política.
“Niños criados en América (Estados Unidos) que no conocen ningún otro país, no deberían tener que enfrentar la deportación dadas tales condiciones”, agregó el alegato.
Representación al gobierno, el fiscal general ha presentado un alegato argumentando que DACA no puede ser revisado bajo un estándar “arbitrario y caprichoso” ya que la elección de acabar con DACA queda a discreción absoluta del Departamento de Seguridad Nacional.
El gobierno también explicó en su alegato que tenía varias diferentes razones para eliminar DACA, subrayando que considera que DACA violó la ley federal.
Estudiantes de DACA que hablaron en un panel de debate este otoño en la Universidad Trinity de Washington, dijeron que se sienten en el limbo desde que la administración Trump anunció hace dos años que estaba eliminando el programa del que muchos de ellos se han beneficiado.
Los que abogan por los estudiantes, expresaron una combinación de frustración y tenaz perseverancia, pero también hablaron del miedo e incertidumbre que pesa sobre ellos casi a diario.
Se espera que haya una decisión en este caso judicial en junio próximo.
Por Carol Zimmermann
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