Especialistas de Médicos por la Vida solicitaron al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, abstenerse de firmar la norma técnica de aborto impune, que busca reglamentar el artículo 121 del Código Penal, permitiendo la aplicación del aborto inducido en el país.
La asociación conformada por diferentes médicos generales y especialistas se apega al artículo primero del Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que señala que “la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, constituye la esencia espiritual y científica de la medicina”, presentando un manifiesto de 11 puntos.
El documento precisa que “la vida humana, desde el punto de vista médico y científica, comienza desde la fecundación”, como se señala en el artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia de Costa Rica, “se considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos”.
Además, detallan que “tanto la madre como el ser humano en gestación tienen un derecho natural a la vida y a la atención en salud”. Como se define en el artículo 3 del mismo código, los derechos y garantías de los niños “son de interés público, irrenunciables e intransigibles”.
Los especialistas señalan que “la mortalidad materna en Costa Rica (2.33), es una de las más bajas del mundo y ocupa el tercer lugar en Latinoamérica, evidencia inequívoca de la importancia que se otorga a la atención de la salud de la madre”, y que el aborto no representa una disminución en la muerte materna.
“El artículo 121 de nuestro Código Penal no crea un ‘derecho para acceder al aborto’, simplemente estipula los atenuantes ante la eliminación de una vida”, se menciona en el manifiesto. “Una norma médica no puede estar basada en la atenuación de un delito”, añaden.
Asimismo, los médicos señalan que la norma técnica no concede seguridad jurídica al profesional, “por el contrario, puede generar situaciones jurídicas comprometedoras para el especialista”.
Finalmente denuncian “la manipulación mediática que hay en torno al tema de la “Norma Técnica” esgrimiendo argumentos falsos para inducir a la población general a creer que esta es necesaria para evitar muertes maternas” y “la abierta campaña nacional e internacional por el ‘Aborto libre, seguro y gratuito’, para lo cual la ‘Norma Técnica’, es solo la puerta de entrada.”
“Por lo tanto, solicitamos al gobierno abstenerse de emitir ‘Normas’ que contradicen no solo nuestro ordenamiento jurídico, sino también, los más profundos fundamentos de la ciencia médica y los avances que en esta se han realizado hasta el momento” concluyeron.
El aborto se despenalizó en Costa Rica en 1970 por medio del artículo 121 del Código Penal que estipula que “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
Sin embargo, al no existir una norma técnica, la aplicación de esta ley no es posible en su totalidad, razón que llevó dos peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el país.
Los casos AN (P- 1159-08) y Aurora (P-1377-13) se presentaron a la CIDH alegando violación a la integridad personal, a un recurso efectivo, a la intimidad y a la libertad personal, debido a que el Estado negó la posibilidad de acceder al aborto inducido.
Frente a estas dos denuncias, el Estado inició el desarrollo de una normativa técnica. El plazo para aprobarla y que sea firmada por el presidente vence este 2019.
Actualmente, diferentes frentes pro aborto de Costa Rica piden que se amplíe la norma, contemplando otras razones por las que una mujer debería acceder al aborto, entre ellos el impacto en la salud mental de la madre.
El 1 de noviembre, los obispos eméritos de Costa Rica publicaron un comunicado donde se unen a la lucha provida de la Conferencia Episcopal, reconociendo que se ha “asumido una actitud responsable y valiente ante la eventual firma de la norma técnica sobre el aborto no punible en el país”.
Los prelados pidieron que Dios y la Virgen de los ángeles “iluminen a nuestras autoridades, para que acierten en una decisión tan trascendental”, considerando “que Costa Rica ha tenido a lo largo de su historia una cultura provida y no de promuerte, que está institucionalizada en la Carta Magna artículo 21 y en el Código de Familia”.
“Se ha de tener la convicción que la prohibición del aborto es una cuestión humana y no de índole religiosa”, subrayaron.
