WASHINGTON—Caridades Católicas USA y la organización Catholic Legal Immigration Network, conocida como CLINIC, expresaron su decepción con una orden de la Corte Suprema del 27 de enero que da luz verde a la administración Trump para seguir adelante con una nueva regla dirigida a limitar el uso de programas de beneficio social a inmigrantes.
Esta orden “sin precedentes” de la corte en favor de las revisiones de la administración a la política del gobierno “daña a familias, pone el objetivo en inmigrantes legales y podría impedir que familias reciban asistencia vital de alimentos y vivienda”, dijo una declaración de Caridades Católicas.
La hermana dominica Donna Markham, presidente y gerente de Caridades Católicas USA exhortó a la administración Trump a “reconsiderar esta política dura e innecesaria y eliminarla en su totalidad”. Dijo que causará “un efecto escalofriante en cuanto al acceso a servicios básicos, creando temor entre personas cualificadas y amenazando la unidad y estabilidad familiar”.
También dijo que la decisión a favor de esta política “marca un cambio monumental de curso de los mejores momentos de nuestra herencia (estadounidense) de acogida de inmigrantes y refugiados”.
En un voto de 5-4, la corte dio a la administración Trump el permiso de seguir adelante con su regla de “carga pública” que permite a la administración denegar tarjetas verdes a inmigrantes legales basándose en su dependencia de asistencia pública tal como cupones de alimentos, Medicaid, y subsidios de vivienda.
La regla fue desafiada por grupos inmigrantes y estados como California, Illinois, Maryland y Washington. Un mandato nacional de una corte del distrito federal en Nueva York la ha suspendido temporalmente.
La orden de la corte suprema queda suspendida por este mandato mientras que los desafíos legales siguen en distintas cortes federales. Un mandato distinto todavía impide que la orden entre en vigor en Illinois.
El gobierno había argumentado a la corte suprema que “sufriría un daño irreparable” si no implementaba la orden mientras que apelaba un par de órdenes de una corte de distrito federal en Nueva York.
Una orden breve de la corte suprema dijo que ponía los mandatos de las cortes inferiores en suspenso hasta que se resolvieran las apelaciones a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos ante el segundo circuito o incluso la corte suprema.
En notas que urgen a la corte a rechazar la solicitud del gobierno, los opositores dijeron que la nueva orden representaba una “amplia expansión” de cómo el gobierno había definido una carga pública anteriormente, cuando se aplicaba únicamente a personas dependientes del gobierno para ayuda a largo plazo. También dijeron que el gobierno no había argumentado que necesitara aplicar esta regla por razones de orden público o seguridad nacional.
La regla, que surge de leyes federales de inmigración, podría impedir a inmigrantes recibir tarjetas verdes, o documentación que certifique residencia permanente en los Estados Unidos si el gobierno cree que podrían convertirse en carga pública por su dependencia en asistencia gubernamental.
El pasado agosto, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que “carga pública” se refiere a personas que no son ciudadanos que reciben ayuda gubernamental como dinero, cuidados de salud o vivienda por más de 12 meses durante un período de tres años. La regla también considera le edad de la persona, su historia laboral y finanzas para determinar si un inmigrante pudiera convertirse en futura carga pública.
En una opinión distinta a la orden de la corte, el juez Neil Gorsuch, a quien se unió el juez Clarence Thomas, dijo que no se debería permitir a los jueces de cortes de distrito publicar mandatos a nivel nacional.
“El surgir de mandatos a nivel nacional podría ser simplemente un signo de nuestros tiempos de impaciencia”, escribió Gorsuch. “Pero las buenas decisiones judiciales normalmente están templadas por virtudes más antiguas”.
Ken Cuccinelli, secretario diputado en funciones de Seguridad Nacional, recibió la orden de la corte en una declaración del 27 de enero, diciendo: “la autosuficiencia e independencia económica son valores (estadounidenses) claves que no se deben rechazar en litigio, sino ser animados y adoptados por la siguiente generación de inmigrantes”.
“Nuestro plan es implementar esta regla plenamente en 49 estados y tenemos confianza en que ganaremos el caso por sus méritos”, añadió.
Una declaración de CLINIC del 27 de enero decía que la acción de la corte dista mucho de ser la última palabra sobre si la regla del gobierno es legal.
“Aunque evidentemente estamos desilusionados porque la corte suprema ha permitido que entre en vigor la regla de carga pública mientras proceden los desafíos en las cortes, nos mantenemos esperanzados de que finalmente la regla se declare ilegal”, dijo Bradley Jenkins, el abogado de litigio federal de CLINIC.
Añadió que los jueces “no dijeron nada en una dirección o la otra sobre si pensaban que la regla de carga pública viola la ley”.
Un tuit del 27 de enero del American Immigration Council dijo que imponer esta regla significaría que “muchas personas se verían obligadas a escoger entre tener acceso a la asistencia que ellos y sus hijos necesitan ahora, o asegurar un estatus legal permanente para estar con sus familias en el futuro”.
Por Carol Zimmermann
Read the article in English here:
https://miscellany.wpengine.com/2020/01/30/supreme-court-public-charge-ruling-harms-families-targets-lawful-immigrants/
