CIUDAD DE MÉXICO—La reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de prolongar las restricciones de viajes no esenciales en la frontera sur debido a la pandemia del COVID-19 no sorprendió a los católicos que trabajan con inmigrantes en la zona fronteriza entre México y EE.UU.
Según ellos, la decisión, la cual incluye la suspensión de las peticiones de asilo y la expulsión inmediata de migrantes, sólo profundizó las dificultades que los extranjeros enfrentan mientras esperan en las peligrosas ciudades fronterizas del lado mexicano, donde los grupos criminales a menudo tratan de secuestrarlos.
“Se aprovecha el virus como una forma de continuar disuadiéndolos (a los migrantes) de que vengan”, dijo la hermana Norma Pimentel, de la Congregación de Misioneras de Jesús y directora de Caridades Católicas del Valle de Río Grande, sobre la política fronteriza de EE.UU. implementada el 20 de marzo con una orden de emergencia.
“Más se extienden las medidas, más difícil y prolongado va a ser para los migrantes”, según el hermano dominico Obed Cuellar, director del albergue diocesano Frontera Digna (Dignified Border) en Piedras Negras, México, que comparte frontera con Eagle Pass, Texas, y ha estado cerrado por dos meses. “Era de esperarse”.
La extensión del 19 de mayo incluye una disposición conocida como Título 42, a la que recurrió EE.UU. por primera vez en la emergencia del coronavirus declarada el 20 de marzo. La misma permite la exclusión de personas y propiedad “debido a la existencia de cualquier enfermedad contagiosa en otro país”, según el Registro Federal.
“La disposición ha sido una de las herramientas más cruciales que @DHSgov ha utilizado para prevenir una mayor propagación del virus y proteger a los estadounidenses… agentes que sirven en primera fila, y aquellos a su cuidado y custodia”, tuiteó el 20 de mayo Chad Wolf, secretario interino de seguridad nacional.
La medida suscitó críticas por parte de abogados de inmigración y defensores de migrantes, argumentando que el gobierno de Trump estaba usando la pandemia para continuar con sus objetivos de no dejar ingresar a los migrantes.
El hermano Cuellar señaló que en muchos lugares de la frontera, el contagio del COVID-19 es peor del lado estadounidense, aunque Tijuana ha sido fuertemente afectada. Si bien piensa que las políticas de EE.UU. para frenar la pandemia les han negado a los solicitantes de asilo el derecho al debido proceso, dice: “No creo que sea un pretexto” para detener la inmigración, “más bien creo que es una medida de prevención”.
Otros sacerdotes y religiosos que sirven a migrantes manifestaron su oposición a la estrategia de EE.UU., argumentando que la misma no tomó en cuenta la urgencia de los solicitantes de asilo víctimas de violencia.
“Su intención es hacer tan difícil como sea posible para la gente pedir asilo y la gran mayoría están siendo rechazados”, dijo el padre scalabriniano Pat Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, la cual estaba albergando 28 inmigrantes y no le ha sido posible aceptar más.
“Comprendo que quieren ser realmente cautelosos, pero cuando la gente está escapando de la violencia y la guerra, no puedes decirles: “No vengan por un año”, dijo.
El gobierno de Estados Unidos ha estado haciendo el proceso de asilo más difícil a través de un programa del 2019 conocido como “Quédate en México”.
La iniciativa, cuyo nombre oficial es “Protocolos de Protección para Migrantes”, requiere que los solicitantes de asilo esperen en México hasta que sus casos sean presentados en cortes de EE.UU.
Unos 64,000 solicitantes de asilo han sido enviados a México mediante el programa y solamente 6% tienen representación legal –según un informe emitido el 19 de mayo por el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), el cual ha pedido que el programa concluya y se restablezca el derecho a asilo.
Más de 20,000 inmigrantes han sido expulsados desde que se implementaron las restricciones por el COVID-19 en la frontera –según la investigación.
“Incluso en el actual contexto, podemos darles la bienvenida y proteger la salud pública”, expresó Giulia McPherson, la autora del informe y directora de abogacía del Servicio Jesuita a Refugiados/USA.
Al resto de los solicitantes de asilo en el programa se les ha adelantado la fecha de corte debido al COVID-19.
“Solo hicieron una pausa forzada sin respuestas concretas”, dijo la hermana Norma en relación con el programa. Supongo que van solo a seguir posponiendo y posponiendo y posponiendo, diciendo que no están listos y solamente tratar de obstaculizar para que la gente no pida asilo en EE.UU”.
La hermana Norma está a cargo de un campamento de solicitantes de asilo que viven en carpas en Matamoros, México, justo al otro lado de Brownsville, Texas.
El campamento no ha presentado casos de COVID-19 gracias a los esfuerzos de prevención, monitoreo de los que vienen y van y cierto seguimiento de las personas que han tenido contacto con infectados. La población del campamento ha disminuido bruscamente de 2,500 a 1,500 residentes, a la vez que no se permite el ingreso de nuevos residentes y –según la hermana Norma– las personas consideran buscar opciones en México.
“La gente todavía viene, lo que pasa es que Estados Unidos está rechazándolos”, dijo. Su equipo –agregó– “está trabajando con el gobierno mexicano para ver cómo podemos integrarlos (solicitantes de asilo) en México”.
La agencia de refugiados de México recibió 70,302 peticiones de asilo en 2019, más del doble de las solicitudes del 2018, a pesar de que tiene un presupuesto de solo $2.35 millones.
El Servicio Jesuita a Refugiados acompaña a los migrantes que buscan asilo en México, aunque menos casos están siendo procesados actualmente debido al COVID-19, algo que suscita angustia para aquellos que presentan solicitudes.
“Casi ninguno está en condiciones de permanecer mucho tiempo esperando por una respuesta” en México –dijo Felipe Vargas, director de abogacía en el Servicio Jesuita a Refugiados. “Ya sea porque no tienen dónde vivir, porque no tienen qué comer o porque están muy desesperados”.
Por David Agren
