SAO PAULO—Los misioneros católicos en América Latina expresan haber notado signos preocupantes de un aumento en el abuso infantil durante la pandemia del COVID-19.
El desorden social provocado por la enfermedad y algunas de las restricciones impuestas por los gobiernos para evitar una mayor propagación del virus pueden estar amplificando los riesgos, dijeron.
La Organización Mundial de la Salud anunció el 26 de mayo que las Américas se habían convertido en el nuevo epicentro de la enfermedad ya que la tasa de mortalidad diaria de Brasil se había constituido en la más alta del mundo. La organización está preocupada por las curvas ascendentes en países como Perú, Chile y El Salvador.
La mayoría de los países de la región adoptaron medidas de distanciamiento social a mediados de marzo, incluyendo cuarentenas amplias en Perú, Argentina y República Dominicana. Incluso en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro se había negado a imponer tales restricciones a nivel federal, los gobernadores estatales y los alcaldes municipales suspendieron actividades no esenciales. En todo el continente las escuelas están cerradas y los niños están en casa.
Eso es precisamente lo más preocupante, comentó la hermana brasileña Roselei Bertoldo, miembro de las Hermanas Misioneras del Inmaculado Corazón de María y quien trabaja con Cry for Life, una organización que lucha contra el tráfico de personas y el abuso sexual.
“Sabemos que el abuso y la explotación sexual la mayoría de las veces ocurren dentro de las familias. Estos problemas tienden a crecer durante el confinamiento”, indicó la hermana Bertoldo a Catholic News Service.
La mayoría de los niños generalmente denuncian el abuso en la escuela, señaló, “pero los niños pobres ni siquiera tienen la opción de educación a distancia, por lo que estamos muy preocupados por ellos”.
Durante la pandemia la organización tuvo que suspender la mayoría de sus actividades y actualmente usa internet para crear conciencia sobre la prevención.
“Desafortunadamente recibimos con frecuencia informes sobre abusos. Sabemos que las cosas están escalando”, añadió.
La fragilidad del aparato de seguridad del estado en muchas regiones latinoamericanas, intensificada con la pandemia, dificulta la situación de las víctimas.
“Las familias generalmente temen al agresor y evitan denunciar el caso a la policía. Ahora los niños son aún más vulnerables”, dijo a CNS Verónica Rubí, directora de Cáritas en Tabatinga, Brasil.
Rubí también es parte de los coordinadores de una red contra la trata de personas en la región de la triple frontera. La organización se creó en 2014 y coordina a hermanas, sacerdotes y activistas laicos de Tabatinga, Brasil; Leticia, Colombia; y Santa Rosa de Yaraví, Perú. En 2019, los tres obispos de la región establecieron un acuerdo de cooperación.
“Es muy fácil cruzar las fronteras. Los agresores pueden tener una sensación de impunidad, dado que simplemente pueden esconderse en otro país”, expuso Rubí.
Rubí dijo que su organización tuvo que reducir las actividades por la pandemia, pero está tratando de hablar sobre la prevención del abuso de cualquier manera posible.
“Cáritas donó alimentos para más de 400 familias en la región. Hablé sobre ello (abuso) con cada uno de ellos”, expresó Rubí. Los informes sobre casos de abuso siguen llegando a los miembros de su organización.
En Perú, el número de llamadas telefónicas a la línea directa del Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables se duplicó durante la cuarentena. Un informe del ministerio publicado a fines de abril mostró 90 casos de abuso sexual; 59 de ellos involucraban víctimas menores de edad.
En el Departamento de Madre de Dios en la Amazonía peruana, el gobierno ha estado combatiendo la minería ilegal desde 2019. Ahora, con la pandemia, los mineros ilegales pueden haberse trasladado a reservas indígenas, lo que aumenta el riesgo de abuso sexual.
“Todos los caminos han sido cerrados debido a la cuarentena y las autoridades se están enfocando en eso. No hay control en otras áreas”, comentó Carol Jeri, una funcionaria del Cáritas local.
Jeri expuso que los mineros ilegales a menudo establecen campamentos en los que la prostitución de niñas menores de edad es un riesgo constante.
“La iglesia ha formado una comisión pastoral indígena y está en contacto con varios líderes comunitarios”, dijo, y agregó que intentan abordar los problemas que se les informa.
En Colombia, además del creciente número de abusos en el hogar, diferentes grupos armados han intensificado su reclutamiento en el área rural. Con las escuelas cerradas, el número de adolescentes que han reclutado se ha duplicado, expresó Nathalia Forero, una trabajadora social que también es miembro de la organización trifronteriza.
Desde la década de 1960, varias organizaciones guerrilleras marxistas han estado activas en Colombia. Los grupos paramilitares de extrema derecha y los carteles de droga movilizan a miles de hombres y mujeres armados, muchos de ellos adolescentes.
“Las niñas que son reclutadas por grupos armados pueden sufrir mucha violencia, incluyendo el abuso sexual y la explotación”, comunicó Forero a CNS. Durante cinco años, Nathalia trabajó con la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y se familiarizó con el problema del abuso sexual y la trata de personas de niños y adolescentes. “Nos sentimos muy impotentes en este momento”, dijo.
José Navarro, coordinador nacional de la comisión de obispos de República Dominicana que trabaja con madres y niños, señaló que se han presentado más riesgos para los niños y adolescentes dominicanos con la reapertura parcial de la cuarentena a mediados de mayo.
“Los adultos volvieron al trabajo, pero las escuelas permanecen cerradas. Muchos niños están solos en casa, lo que puede ser un problema”, indicó a CNS.
Navarro dijo que su comisión ofrece formación para familias sobre temas como nutrición infantil, salud y educación. El abuso infantil será uno de los temas discutidos este año. “De esta manera, podemos trabajar en su prevención”, añadió.
Rosario Alfaro, directora ejecutiva de la organización mexicana Guardianes, que trabaja para prevenir el abuso sexual infantil, expresó que es posible que muchas víctimas que actualmente están siendo abusadas nunca denuncien lo que les está sucediendo durante la pandemia.
“Es difícil para nosotros hablar de cosas que nos hacen sentir avergonzados”, dijo a CNS.
Desde que comenzó la pandemia, Guardianes ha tenido que suspender los cursos que ofrece en las escuelas sobre la prevención del abuso.
Alfaro explicó que la cuarentena hace que muchos adultos se sientan ansiosos y estresados por el desempleo y el miedo a la enfermedad. Para los adultos “no preparados para lidiar con tales emociones, el erotismo es la única forma de calmarse. Es por eso que existen mayores riesgos de acercamiento sexual a niños y adolescentes en un momentos como este”.
Ella piensa que la crisis actual probablemente haya intensificado problemas como la producción y distribución de pornografía infantil y la explotación sexual de adolescentes, tradicionalmente relacionados con lugares turísticos.
“Cada estado mexicano tiene una legislación particular sobre el abuso infantil. Es muy difícil para un niño denunciar un caso a la policía”, agregó.
Desde 2019, Alfaro ha sido asesora del consejo de protección infantil de los obispos mexicanos.
“La iglesia puede hacer mucho para ayudar. Modela y forma comportamientos, guiando a los padres en la prevención del abuso sexual y cualquier otro tipo de violencia”, afirmó.
Por Eduardo Campos Lima
