CIUDAD DEL VATICANO – Tras numerosas demoras y solicitudes de clemencia de la familia de la víctima, Daniel Lewis Lee fue ejecutado el martes 14 de julio por la mañana y declarado muerto a las 8:07 a.m, según la agencia de noticias católica de los EEUU. Fue ejecutado en la Penitenciaría de los Estados Unidos en Terre Haute, Indiana. Un testigo ocular le dijo al Indianapolis Star que Lee tardó de dos a tres minutos en fallecer, después que le inyectaron la droga letal.
Inútiles los intentos para detener la ejecución
El Tribunal Supremo, permitió la ejecución, no obstante, un tribunal inferior la había bloqueado, al verificar con pruebas “abrumadoras” de que el protocolo de drogas que el gobierno quería utilizar causaba “dolor extremo y sufrimiento innecesario”, incluida la sensación de pánico y la sensación de ahogamiento al acumularse líquido en los pulmones.
La Catholic Mobilizing Network condenó la ejecución, y consideró que era “innecesaria y evitable”. “El gobierno federal no se detuvo a nada y siguió su línea directa para ejecutar a Daniel Lee a pesar de que el público demostró un mínimo apoyo a la pena de muerte, de la clara oposición de los familiares de la víctima, de la inquebrantable oposición católica a la reanudación de las ejecuciones federales y la terrible pandemia mundial que ya se ha cobrado más de 135.000 vidas estadounidenses”, dijo en una declaración, Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network.
Líderes religiosos: Que cesen las ejecuciones programadas
El 7 de julio, el arzobispo Joseph Kurtz de Louisville, el obispo William Medley de Owensboro, Kentucky, el obispo Oscar Solís de Salt Lake City, el obispo Thomas Zinkula de Davenport, Iowa, y el obispo Richard Pates que es el administrador apostólico de Joliet, Illinois, se unieron a más de 1.000 líderes religiosos para pedir el cese de las ejecuciones programadas de cuatro presos federales condenados a muerte.
“Mientras nuestro país se enfrenta a la pandemia de COVID 19, a una crisis económica y al racismo sistémico en el sistema jurídico penal, debemos centrarnos en proteger y preservar la vida, no en llevar a cabo ejecuciones”, declararon los líderes religiosos.
El párrafo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte fue actualizado en 2018 con una declaración del Papa Francisco, llamando a la pena de muerte “inadmisible porque es un ataque a la inviolabilidad y dignidad de la persona”.
Mons. O’Connell: una atroz matanza de Estado
Mons. David O’Connell, miembro del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) y del Subcomité de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano de la USCCB. Vaticannews habló con él y le preguntó, que más se puede hacer para impedir estas ejecuciones, se ha pedido clemencia, sin que el gobierno se sensibilice. El prelado dijo que el Papa Francisco y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) están muy claros de que la Pena de Muerte es un mal moral y no debe tener lugar en ninguna sociedad civilizada. “Es aberrante para nuestro sentido de respeto por la vida. Estuvimos muy tristes al ver que la ejecución de Daniel Lewis en Indiana se llevó a cabo el pasado martes 14 de julio, a pesar del coro de voces que se levantaron para objetar. Esta ejecución federal nos hace renovar nuestra lucha para apreciar toda la vida y buscar el fin de esta atroz matanza de Estado en nuestro país”, dijo.
La Unión Europea se opone firmemente a la pena de muerte federal
El viernes pasado, también la Unión Europea expresó su firme oposición a la reanudación de las ejecuciones federales, después de una pausa de 17 años. El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, instó a la “administración de los Estados Unidos a que reconsidere y no proceda con las ejecuciones federales que se realizaron a partir del 13 de julio”, subrayó Borrell en un comunicado, en el que aseguró que esta decisión “va en contra de la tendencia general en los Estados Unidos y en todo el mundo de abolir la pena de muerte, ya sea por ley o en la práctica”. En el comunicado se califica esta pena como “castigo cruel, inhumano y degradante, incompatible con el derecho inalienable a la vida. La pena de muerte no proporciona disuasión efectiva a la conducta delictiva y es irreversible”.
Daniel Lee. Condenado a muerte
Lee fue condenado a muerte por los asesinatos en 1996 de una familia de tres personas, incluida una niña de ocho años. Insistió en su inocencia y sus últimas palabras fueron: “Yo no lo hice”. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a un hombre inocente”.
Lee, un ex supremacista blanco, junto con un hombre llamado Chevie Kehoe, fue declarado culpable de robar a William Mueller, un traficante de armas de Tilly, Arkansas. Se supone le robó dinero, municiones y armas de fuego antes de matarlo a él, a su esposa Nancy y a su hijastra Sarah. Kehoe y Lee formaban parte de la República Popular Aria, un grupo de supremacía blanca que Kehoe supuestamente fundó. Los dos supuestamente planeaban usar los bienes robados para establecer una nación sólo de blancos.
Kehoe fue sentenciado a cadena perpetua. Los familiares de los Mueller habían pedido que Lee también fuera condenado a cadena perpetua. Según la Angelusnews, en junio, la madre de Nancy Mueller, Earlene Peterson, declaró que no quería ver a Lee ejecutado.
“Como partidaria del Presidente Trump, rezo para que escuche mi mensaje: no quiero la ejecución programada de Danny Lee por el asesinato de mi hija y mi nieta, traería más dolor a mi familia”, dijo Peterson.
Ejecuciones en tiempos de COVID-19
Los familiares de las víctimas expresaron su preocupación para asistir a la ejecución, debido a la bioseguridad de la prisión, en tiempos del coronavirus. Sobre todo permanecer en una habitación confinada para ver la ejecución. Las prisiones han sido lugares de brotes generalizados del COVID-19.
La última ejecución federal tuvo lugar en 2003. En 2014, el presidente Barack Obama ordenó una revisión del Departamento de Justicia (DOJ) de la pena de muerte federal después de varias ejecuciones fallidas por inyección letal en estados como Oklahoma y Ohio. El verano pasado, el Fiscal General William Barr instruyó a la Oficina de Prisiones para que reanudara la ejecución de los prisioneros federales en el corredor de la muerte.
Desde el 2003 no se hacían ejecuciones federales
Dos prisioneros federales más serán ejecutados esta semana. El martes pasado, se llevó a cabo la primera ejecución desde 2003. En junio pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. se negó a bloquear la ejecución de cuatro presos de cárceles federales que están programadas para julio y agosto. Aún hay 62 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Por Patricia Ynestroza
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