SAO PAULO – Países en América Latina están viendo un aumento en las tasas de infección y mortalidad por el COVID-19 entre los reclusos de cárceles superpobladas a pesar de advertencias y súplicas de las comisiones de obispos para el ministerio penitenciario antes que la pandemia empeorara.
“El confinamiento y la concentración de personas son obviamente factores importantes de contagio”, dijo el obispo argentino Jorge García Cuerva, vicepresidente de la Comisión Internacional de Cuidado Pastoral Penitenciario Católico, a Catholic News Service en julio.
Una encuesta reciente realizada por la Sociedad Latinoamericana de Criminología mostró que las tres cuartas partes de los sistemas penitenciarios de la región están sobrepoblados.
En Colombia, que tiene 115,000 presos y una tasa de hacinamiento del 51%, el congreso de la nación aprobó una legislación para liberar a un gran número de presos. Pero a mediados del verano solo se había enviado a casa a 3,500 reclusos.
“Eso es insignificante. No ha habido un impacto verdadero para reducir el contagio y las muertes”, dijo el padre Wilson Castaño, coordinador de la comisión del ministerio de prisiones del país.
“Algunos centros penitenciarios tienen una tasa de hacinamiento del 200%. Muchos tienen problemas de infraestructura y falta de agua”, agregó. Se han observado casos de infección en al menos 25 cárceles.
En protesta por el hacinamiento y la falta de protección contra el coronavirus, presos de varias cárceles colombianas han desatado motines. En la Prisión Modelo de Bogotá, 23 presos murieron y 90 resultaron heridos durante los disturbios.
“El nivel de estrés sigue siendo alto”, dijo el padre Castaño; a fines de julio, se habían infectado 3,477 prisioneros y ocho habían muerto.
Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, las comisiones del ministerio de prisiones de las conferencias episcopales en toda América Latina han estado advirtiendo a sus gobiernos que el virus tendría un impacto catastrófico en sus instalaciones sobrepobladas y con malas condiciones sanitarias.
Pero no se hizo mucho.
“En general, los presos latinoamericanos son pobres, migrantes, negros. Muchos de ellos son particularmente vulnerables debido a otras condiciones de salud”, como diabetes y hepatitis, dijo el obispo García Cuerva. “Es un panorama crítico que la pandemia está revelando de alguna manera a una gran parte de la sociedad”, que parecía no tener idea de los prisioneros.
La liberación de grupos selectos de encarcelados debería ser una respuesta natural a la pandemia, especialmente si se considera que un gran número de reclusos no debería estar en prisión en primer lugar, el padre jesuita Luis Arriaga, especialista en derechos humanos y presidente de la Universidad Iteso en Guadalajara, México, le dijo al CNS. “Las estadísticas demuestran que el sistema judicial latinoamericano mueve los procesos con gran retraso. Grandes masas de personas detenidas esperan años para ser finalmente sentenciadas”.
También es común que reclusos que podrían ser aprobados para la libertad condicional, o que incluso cumplieron su tiempo completo, permanezcan en prisión.
“Este tipo de cosas no les pasa a los que tienen dinero para pagarle a un abogado”, agregó el padre Arriaga.
En Brasil, donde hay al menos 750,000 presos, la mitad de los cuales aún no han sido condenados, el Consejo Nacional de Justicia del gobierno (CNJ en portugués) recomendó en marzo un conjunto de medidas para prevenir nuevos encarcelamientos y liberar una gran cantidad de prisioneros para contener el contagio. Pero la mayoría de los jueces solo adoptaron parcialmente estos procedimientos.
“Creen que las cárceles resolverán el problema de la violencia en el país. Un juez del sur de Brasil argumentó recientemente que la recomendación de la CNJ era solo una recomendación, por lo cual no tenía que cumplirla”, dijo la hermana Petra Pfaller, de la congregación de las Hermanas Misioneras de Cristo, y miembro de la coordinación nacional del ministerio penitenciario.
“No sé cómo esa gente puede dormir bien en la noche”, dijo.
Al menos 11,200 reclusos han sido infectados y 74 han muerto en Brasil, pero el número verdadero puede ser mucho más alto, considerando la falta de pruebas adecuadas y asistencia médica, dijo. “Las condiciones son terribles. No hay suficiente agua y comida en muchas prisiones, están hacinadas, no son sanitarias. Han aumentado los informes de tortura”.
El CNJ dijo que entre marzo y mayo, 35,000 presos fueron liberados, solo el 4.6% de la población total de las cárceles.
México también ha sido testigo de disturbios en las cárceles durante la pandemia. “Hubo incidentes en los estados de Chiapas, Tabasco y México, particularmente tras la implementación de medidas para restringir las visitas”, dijo el padre Arriaga.
Se le ha prohibido a las familias y los ministros de prisiones visitar los centros de detención durante largos períodos. “Pero en la mayoría de las cárceles, la gente depende de alimentos y otros productos traídos de fuera”, agregó.
Con la prohibición de llevar comida a las cárceles en el estado de Guanajuato, por ejemplo, el hambre está afectando a muchos reclusos, dijo el sacerdote.
Con 209,000 prisioneros, México ha identificado 1,950 casos de infección por COVID-19 y 178 muertes.
En Honduras, el Comité para la Liberación de Presos Políticos, Defensores Territoriales y Ecologistas dijo durante una conferencia de prensa emitida por video el 30 de julio que se habían registrado 1,055 casos de contagio y 25 muertes entre los reos del país. Dijo que el 60% de los 22,000 detenidos todavía están esperando sus sentencias.
Con la ayuda de las parroquias, el ministerio penitenciario está donando alimentos, medicinas y mascarillas a los presos y sus familias, que se han visto afectados por la crisis económica resultante, dijo Zobeida Mendoza, coordinadora del ministerio penitenciario de San Pedro Sula.
“Las cárceles son un reflejo de lo que sucede afuera. Honduras tiene un sistema de salud colapsado, no hay medicinas. La situación ciertamente empeorará”, dijo.
En la República Dominicana, la Penitenciaría Nacional de La Victoria, una instalación construida para 2,000 reclusos pero que alberga a más de 8,000 prisioneros, ya tenía 255 casos confirmados de COVID-19 a fines de abril.
“La Victoria fue creada por el dictador Rafael Trujillo en la década de 1950. Es terriblemente húmedo, inhumano, superpoblado”, dijo a CNS el padre Arístides Jiménez Richardson, coordinador nacional de la comisión del ministerio penitenciario. La comisión ha estado pidiendo el cierre de La Victoria desde 1989, y una nueva instalación debería reemplazarla pronto.
El número de internos infectados en el país superó los 900 a principios de julio. La comisión dominicana del ministerio penitenciario ha podido visitar las cárceles y ha distribuido más de 45,000 productos de higiene a los reclusos, dijo el padre Jiménez. “Afortunadamente, recibimos muchas donaciones de los feligreses, a pesar de su propia falta de recursos debido a la crisis económica”.
El obispo García Cuerva dijo que el ministerio de prisiones en Argentina también ha estado ayudando a las familias de los presos a obtener kits de higiene y otros artículos necesarios para entregarlos a las cárceles.
“Hemos estado en contacto virtual con los detenidos — se les ha permitido tener teléfonos celulares para que puedan comunicarse con sus familias durante la pandemia — y apoyamos todas sus iniciativas de autoorganización”, dijo; en varias penitenciarías, los presos establecieron sus propios protocolos de precaución y organizaron medidas de saneamiento para contener el virus.
El gobierno argentino debatió la posibilidad de poner en libertad a algunos de sus 95,000 presos, pero hubo fuertes reacciones de algunos ciudadanos y solo se envió a casa a unos pocos presos que se consideraban de alto riesgo.
“La pandemia devolvió las cárceles al debate público. Desde un punto de vista católico, debemos asegurarnos de que los presos tengan dignidad humana, con vivienda adecuada, comida, agua, higiene e información básica del exterior”, dijo el padre Arriaga.
Por Eduardo Campos Lima
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