WASHINGTON – El 14 de septiembre, una corte federal de apelaciones del Noveno Circuito se puso del lado del presidente Donald Trump y su plan de terminar un estatus especial de protección de inmigración que permite permanecer en los Estados Unidos a personas de seis países afectados por desastres.
La corte dijo que el presidente tiene derecho a revocar lo que se llama el Estatus de Protección Temporal, conocido popularmente como TPS (por sus siglas en inglés), de los inmigrantes salvadoreños. El TPS concede un permiso de trabajo y protección de deportación a ciertas personas cuyos países se han visto afectados por desastres naturales, conflictos armados o situaciones de excepción, y les permite permanecer temporalmente en los Estados Unidos.
El fallo se espera que afectará a personas que tienen TPS de Haití, Honduras, Nicaragua, Sudán y Nepal.
“Lo ha terminado, pero lo que significa es que hay un período de seis meses para concluirlo”, dijo Ashley Feasley, directora de políticas para los Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. “No afecta el status de las personas este año. Todavía se les permitirá quedarse aquí y conseguir una licencia de manejar y las autorizaciones de trabajo que tienen en la actualidad”.
Pero eso podría cesar a comienzos del año próximo.
El período de conclusión para los aproximadamente 300,000 beneficiarios de TPS es distinto para los diversos países, pero las fechas de vencimiento se esperan para el 2021 si el plan sigue adelante. Pero la proximidad a la elección presidencial de noviembre lleva a algunos a especular que las elecciones presidenciales en Estados Unidos y sus resultados podrían tener un impacto en lo que ocurra al final con TPS.
La situación es compleja, dijo Feasley. Muchos beneficiarios de TPS tienen familias, incluyendo hijos nacidos en Estados Unidos, existe otra legislación pendiente que pueda afectar, también existe la posible implicación de la Corte Suprema y también hay una posibilidad, aunque no muy probable, de que el Congreso actúe para proporcionar un camino a la ciudadanía a los beneficiarios de TPS.
Algunas organizaciones católicas en los Estados Unidos no perdieron tiempo en expresar su oposición a la sentencia.
“El Congreso creó el Estatus de Protección Temporal hace más de 30 años, y justamente, porque sería inmoral deportar a personas a lugares de crisis y conflicto”, dijo Anna Gallagher, directora ejecutiva del Catholic Legal Immigration Network (Red Católica Legal de Inmigración), conocida como CLINIC. “Ninguna familia debería de tener que enfrentarse a la opción de dividirse, o trasladar a toda la familia, incluyendo a niños que son ciudadanos estadounidenses, a un país donde enfrentan al peligro”.
La hermana Marie Lucie, religiosa de la congregación de San Francisco de Filadelfia, quien es directora asociada de Franciscan Action Network (Red Franciscana de Acción), dijo que la sentencia era “inmoral” y dijo que la decisión era una “tragedia” para quienes tienen TPS, y una “traición de todo lo que es bueno en este país”.
Por Rhina Guidos
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