WASHINGTON – Pocas horas antes de que se llevara a cabo la sexta ejecución federal este año, y dos días antes de que se programara la siguiente, dos presidentes de comités de obispos estadounidenses pidieron al gobierno que pusiera fin a esta práctica.
“Le decimos al presidente Trump y al fiscal general Barr: Basta. Paren estas ejecuciones”, dijo el arzobispo Paul S. Coakley de Oklahoma City, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y el arzobispo Joseph F. Naumann de Kansas City, Kansas, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB, en una declaración emitida a finales del 22 de septiembre.
“En los últimos 60 años, antes de que la administración Trump reiniciara las ejecuciones federales, sólo se habían llevado a cabo cuatro ejecuciones federales. Desde julio, han habido cinco, que ya son más ejecuciones federales de las que se llevaron a cabo en cualquier año del siglo pasado”, dijeron los obispos.
Dijeron que la Iglesia Católica “debe dar ayuda concreta a las víctimas de la violencia” y “alentar la rehabilitación y restauración de quienes cometen violencia”. Señalaron que “la rendición de cuentas y el castigo legítimo son parte de este proceso” y subrayaron que “tomar responsabilidad por el daño causado es necesario para que se llegue a la sanación y es fundamental para proteger a la sociedad”.
“Las ejecuciones son completamente innecesarias e inaceptables, como han articulado los papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco”, agregaron.
La declaración de los obispos fue emitida el día antes de que Barr, quien es católico, estaba programado para recibir el Premio Christifideles Laici, nombrado por la exhortación postsinodal de San Juan Pablo II, en el Desayuno Nacional de Oración Católica. El premio es otorgado por la organización católica independiente en “honor y gratitud por la fidelidad a la iglesia, ejemplar servicio desinteresado y firme en la viña del Señor.”
La Asociación de Sacerdotes Católicos de los Estados Unidos, la Red Católica de Movilización (Catholic Mobilizing Network) y la Oficina de Justicia Social y Respeto por la Vida de la Arquidiócesis de Santa Fe se pronunciaron en contra de que Barr recibiera el honor, haciendo hincapié en que en su puesto como fiscal general, ordenó al gobierno federal en julio de 2019 reanudar las ejecuciones a nivel federal.
La Red Católica de Movilización, que trabaja para poner fin al uso de la pena de muerte y promueve la reforma de la justicia penal y la justicia restaurativa, relanzó su petición contra las ejecuciones federales a principios de septiembre, haciendo hincapié en que Barr estaba siendo honrado “a pesar de promover acciones contrarias a la enseñanza católica”.
En una declaración del 23 de septiembre de la directora ejecutiva del grupo, Krisanne Vaillancourt Murphy, denunció además el premio de Barr, especialmente porque se le presentó durante un periodo en el cual se llevaban a cabo dos ejecuciones federales, diciendo que “podría engañar al público dando la ilusión de que la Iglesia Católica de alguna manera aprueba la pena de muerte. Esto es categóricamente falso.”
También dijo que bajo el liderazgo de Barr, el Departamento de Justicia “ha llevado a cabo más ejecuciones en 2020 que en cualquier otro momento comparable en los últimos 70 años. Nada de esto es pro-vida”.
La Red Católica de Movilización organizó una vigilia de oración virtual el 22 de septiembre, horas antes de la ejecución federal de William Emmett LeCroy, de 50 años, quien fue acusado del asesinato en 2001 de una enfermera en Georgia.
Iban a dirigir otra vigilia de oración virtual el 24 de septiembre antes de la ejecución programada de Christopher Vialva, un hombre de 40 años de Texas que fue declarado culpable de secuestrar y matar a una pareja en Iowa en 1999. Vialva será el primer hombre negro en ser ejecutado desde que las ejecuciones federales se reanudaron este año después de un receso de 17 años.
En prisión, Vialva se convirtió en judío mesiánico y en los últimos años ha ministrado regularmente a otros reclusos, según un informe de la radio pública WFIU en Indiana.
LeCroy recibió una inyección letal el 22 de septiembre en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Muy cerca estaba su asesora espiritual, la hermana Barbara Battista, hermana de la Providencia de Santa María del Bosque.
La hermana Battista le dijo a la estación de radio local WTWO en Indianápolis que durante la ejecución, los miembros de su orden planeaban unirse a los manifestantes en contra de la pena de muerte.
“Estamos tratando de enviar un mensaje claro que dice: ‘No. Tenemos que parar esto. No más pena de muerte, no más asesinatos extrajudiciales, detengan las muertes a manos de la policía, paren el encarcelamiento masivo'”, dijo.
Durante el servicio de oración virtual del 22 de septiembre, se leyó una declaración escrita por el arzobispo de Atlanta Gregory J. Hartmayer a los 215 participantes en línea. Decía: “La pena de muerte va en contra de la enseñanza provida de la iglesia enraizada en la dignidad inherente de toda persona humana. Pone en peligro vidas inocentes ya que el sistema de justicia ha condenado injustamente a personas inocentes”.
También dijo que una persona convicta que ha sido asesinada “nunca tiene la oportunidad de arrepentirse o buscar la reconciliación con aquellos a quienes puede haber lastimado. Siempre debemos dejar abierta la puerta para la redención y la rehabilitación”.
El arzobispo rezó por la víctima de LeCroy, Joann Lee Tiesler, y por su familia. También rezó por LeCroy “porque es un hijo de Dios” cuya vida tiene valor y dignidad.
También rezó por los empleados del gobierno involucrados en el cumplimiento de la pena de muerte y para que “nuestro sistema judicial y político pueda encontrar una manera de poner fin a la pena de muerte, y de lograr una medida de justicia que no implique la violencia involucrada en la ejecución de un ser humano”.
Por Carol Zimmermann
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