WASHINGTON – Por segunda vez este otoño, un panel de tres jueces federales declaró que el presidente actuó ilegalmente con su orden emitida en julio para excluir a los inmigrantes de Estados Unidos sin documentación legal de ser contados en el censo del 2020, que tiene como propósito la redefinición de los distritos del Congreso.
Si bien la Corte Suprema acaba de pactar el 16 de octubre para abordar este tema, el panel del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden judicial permanente el 22 de octubre contra la orden del presidente. El panel expresó que la orden era ilegal y que violaba la Constitución, la Ley del Censo federal, y la separación de poderes de los gobiernos federal y estatal.
“El texto de la Constitución, la historia de redacción, los 230 años de práctica histórica, y la jurisprudencia de la Corte Suprema apoyan la conclusión de que la distribución debe basarse en todas las personas que residen en cada estado, incluidos los inmigrantes indocumentados”, escribieron los jueces de California.
La administración Trump ya apeló una decisión anterior para bloquear sus esfuerzos con respecto al censo, misma que fue emitida por un panel de jueces federales en Nueva York el 10 de septiembre. Ese fallo es lo que la Corte Suprema está tomando en cuenta el 30 de noviembre.
Maryland, Massachusetts, y el Distrito de Columbia también tienen desafíos pendientes contra la orden del censo de Trump.
Los jueces federales de Nueva York expusieron que la orden de Trump violaba las leyes sobre cómo se realiza el censo y el proceso para rediseñar los distritos del Congreso en función de las cifras del censo, enfatizando que las personas en Estados Unidos ilegalmente califican para ser contadas en los estados donde viven.
“A lo largo de la historia de la nación, las cifras utilizadas para determinar la distribución del Congreso (en el lenguaje de los estatutos actuales, la ‘población total’ y el ‘número total de personas’ en cada estado) han incluido a todas las personas que residen en Estados Unidos en el momento del censo, ya sea ciudadano o no y si vive aquí con o sin estatus legal”, señaló el panel.
Los líderes demócratas, la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., y los defensores de la inmigración se opusieron al memorando del presidente sobre el censo, y pronosticaron que enfrentaría desafíos legales y probablemente no se convertiría en ley.
Muchos también cuestionaron cómo la administración determinaría con precisión cuántas personas excluir de los datos utilizados para volver a definir los distritos del Congreso.
Una declaración del 22 de julio emitida por los presidentes de dos comités de la USCCB describió el memorando del presidente como “simplemente erróneo y divisivo”. Instaron a Trump rescindirlo y, en cambio, hacer “esfuerzos para proteger y sanar a nuestra nación y a todos los que viven en nuestro país”.
“Como hemos dicho antes, instamos a todas las personas a ser contadas e incluidas completamente en el censo”, indicó el comunicado emitido por el arzobispo Paul S. Coakley de la ciudad de Oklahoma, presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano, y obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, presidente del Comité de Migración.
“Contar a los indocumentados en el censo y luego negarles a ellos y a los estados en los que residen su legítima representación en el Congreso es contrario a la Constitución y una grave injusticia”, explicaron, y agregaron que la ley también “hace que la gente se sienta invisible y no valorada como seres humanos”.
“Esto no es más que un intento inconstitucional y xenófobo de convertir el censo en un arma para silenciar y asustar a los inmigrantes. La comunidad de inmigrantes no será silenciada”, tuiteó Cabrini Immigrant Services de la ciudad de Nueva York el 21 de julio.
El Hope Border Institute tuiteó: “La Constitución dice que el censo debe contar a todos, sin excepciones”. También expresó en Twitter que “el intento ilegal de la administración Trump de politizar el #Census y poner fin a la Constitución para excluir a ciertas personas significaría pasar por alto a 1,6 millones de personas solo en Texas y el impacto financiero para el estado sería incalculable”.
El presidente dijo que excluir a los “extranjeros ilegales” del censo de 2020 “refleja una mejor comprensión de la Constitución y es consistente con los principios de nuestra democracia representativa”.
Su memorando continuó diciendo: “Mi administración no apoyará dar representación en el Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan en el país ilegalmente, porque hacerlo crearía incentivos perversos y debilitaría nuestro sistema de gobierno”.
“Así como no le damos poder político a la gente que está aquí temporalmente, no deberíamos darle poder político a la gente que no debería estar aquí en absoluto”, indicó.
El año pasado, la Corte Suprema examinó el censo y bloqueó el intento de la administración de agregar una pregunta de ciudadanía, diciendo que la razón dada para agregar la pregunta, para ayudar a hacer cumplir los derechos de voto, parecía controversial.
El censo se basa en el texto de la Constitución que requiere una “enumeración verdadera” de la población cada 10 años. Determina la financiación federal para carreteras y escuelas, y proporciona números de población para volver a trazar los límites de los distritos del Congreso y determinar cuántos representantes de Cámara tiene cada estado.
Por Carol Zimmermann
