CIUDAD DEL VATICANO – Después de que presuntamente se le negó la entrada a Trinidad y Tobago a un barco que transportaba refugiados y que naufragó, los obispos venezolanos dijeron que el trato a los migrantes que huyen del país constituye una grave violación de derechos humanos.
En un comunicado del 14 de diciembre, la Conferencia Episcopal de Venezuela dijo que los comentarios de las autoridades de Venezuela y Trinidad que intentan criminalizar a las organizaciones humanitarias que ayudan a los refugiados eran “inaceptables e inadmisibles”.
“Lejos de aceptar su responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para la no repetición y la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes”, dijeron los obispos, las autoridades intentaban culpar a los organismos internacionales y humanitarios que ayudan a los migrantes venezolanos, “un grupo particularmente vulnerable con respecto a su situación humanitaria y de derechos humanos”.
Venezuela ha sufrido una espiral económica severa desde 2014 y millones de personas han huido del país. La BBC informó que unos 20 migrantes abordaron un barco improvisado el 6 de diciembre con la esperanza de buscar asilo en Trinidad y Tobago.
Los guardacostas venezolanos que patrullaban los mares descubrieron 11 cuerpos frente a la costa de Güiria el 12 de diciembre. Tres cuerpos más fueron descubiertos al día siguiente mientras continuaba la búsqueda de otros.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OMI), se estima que 5.4 millones de refugiados han huido de Venezuela; aproximadamente 16,000 se registraron en Trinidad y Tobago.
“El número de venezolanos que abandonan su país ha aumentado en las últimas semanas a medida que se suavizan las medidas de bloqueo en la región. Con las fronteras terrestres y marítimas aún cerradas, estos movimientos se llevan a cabo principalmente a través de rutas informales, exponiendo a refugiados y migrantes a peligros extremos. Estos cruces fronterizos irregulares han aumentado significativamente los riesgos de salud y protección”, dijo la OIM en un comunicado el 15 de diciembre.
A pesar de la afirmación de los obispos venezolanos de que Trinidad y Tobago violó las normas establecidas de derechos humanos al negar la entrada de refugiados, las autoridades de la nación insular afirmaron que su guardia costera no había interceptado ningún barco.
Los obispos también denunciaron las condiciones que llevaron a los migrantes a huir de Venezuela: “empobrecimiento severo, hambre, deterioro de la calidad de vida, colapso total de los servicios públicos y violencia institucionalizada por lo que son presa fácil de las mafias de trata de personas”.
La conferencia episcopal venezolana reiteró el compromiso de la Iglesia Católica con la protección de la dignidad humana y dijo a las autoridades gubernamentales y a la comunidad internacional que “este tipo de eventos no deben ser olvidados ni convertidos en una figura más en las estadísticas e informes”.
“Nos solidarizamos con sus familias, orando para que el buen Dios en su infinita misericordia consuele el grito de los afligidos por esta tragedia y conceda el descanso eterno a los muertos”, dijeron los obispos.
Por Junno Arocho Esteves
