MÉXICO D.F.—La Pastoral de la Movilidad Humana de las Conferencias Episcopales de México, Guatemala y Honduras han pedido un paro a las deportaciones durante la crisis del COVID-19, diciendo que la práctica pone en riesgo a un grupo de personas ya muy vulnerable y presenta riesgos de seguridad, especialmente a aquellos que son enviados sumariamente a países de los que no son ciudadanos.
Citando razones de salud y humanitarias, en una declaración publicada durante el fin de semana de Pascua, abril 11-12, los ministerios pidieron la liberación de migrantes en centros de detención mientras se procesan sus casos. También pidieron que los gobiernos “promuevan acciones concretas para proteger los derechos de los migrantes y refugiados y “sobreponer el bien de la humanidad a los intereses económicos y políticos” la crisis del coronavirus.
“Observamos con preocupación que México no esté tratando el tema de la migración como un fenómeno de vital importancia en estos tiempos del COVID- 19, permitiendo a su vecino del norte deportar a su territorio ciudadanos de cualquier país, incluso muchos de ellos sin su debido proceso y sin que les sea brindada la protección necesaria”, decía la declaración, añadiendo que “familias enteras” estaban siendo enviadas a ciudades fronterizas mexicanas “a altas horas de la noche, los hace presas fáciles del crimen organizado”.
“Es preocupante la deportación de ciudadanos no mexicanos desde Estados Unidos a los que México recibe sin otorgarles un documento de legal estancia en el país” dice la declaración. “México, de igual manera, sigue deportando ciudadanos centroamericanos, especialmente a migrantes hondureños a Guatemala, violando el derecho internacional y dejando a estos ciudadanos hondureños en una situación de total desprotección”.
Antes de la crisis de COVID-19, los países al sur de los Estados Unidos ya habían puesto en vigor políticas de inmigración más estrictas, a menudo a instancias del gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos había dificultado el proceso para solicitar asilo y había empezado a enviar a centroamericanos que habían llegado a puertos de entrada a Estados Unidos a Guatemala para que solicitaran asilo desde allí.
Las organizaciones católicas que trabajan en asuntos migratorios dicen que el movimiento de personas ha disminuido durante la pandemia de coronavirus, pero también que no han podido atender a migrantes que ya están de camino o que han sido deportados.
Los albergues para migrantes han cerrado sus puertas debido a preocupaciones de salud, pero permiten a los que ya están dentro que se aíslen ahí, dijo Alberto Xicotencatl, director del centro diocesano de Saltillo, a unas 190 millas de la frontera de Estados Unidos por Texas.
“La gente llega a la frontera de Estados Unidos y se da cuenta de que hay mucha seguridad y de que es imposible acercarse, así que quieren regresar”, dijo Xicotencatl, explicando que muchas personas que han tratado de llegar a los Estados Unidos regresan y tocan la puerta del albergue.
A los que llegan al albergue se les ofrece comida y consejo, pero no se les permite la entrada, dijo Xicotencatl.
El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos dijo el 9 de abril que había “expulsado” a 6,319 personas “a su último país de tránsito” usando las medidas públicas de salud de emergencia vigentes desde el 21 de marzo. Ese último país de tránsito era México en todos los casos menos 13, según las cifras del gobierno.
El albergue migrante Scalabriniano en la Ciudad de Guatemala dijo en una declaración en marzo que dejaría de recibir migrantes enviados de regreso de los Estados Unidos para solicitar asilo desde Guatemala, diciendo que no tenía los recursos necesarios para manejar los posibles problemas de salud que surgieran.
La hermana Scalabriniana Nyzelle Juliana Dondé, directora de la pastoral de migrantes de la Conferencia Episcopal de Honduras, le dijo a Catholic News Service que su equipo ha asistido a una docena de vuelos de deportación desde que se anunció la cuarentena el 16 de marzo.
“Más de 1,000 migrantes han pasado por el centro de atención al migrante en San Pedro Sula, y a menudo no tienen manera de llegar a su casa con sus familias”, dijo la hermana Dondé, una de seis firmantes de la declaración de las pastorales.
“Se está poniendo en peligro a los migrantes junto con los que trabajan con ellos”, dijo.
Por David Agren
