CIUDAD DE GUATEMALA – Los obispos de Guatemala instaron al presidente del país a vetar el presupuesto, pero también pidieron calma cuando algunos manifestantes le pusieron fuego a un edificio del Congreso del país.
“Esto no se puede defender desde ningún punto de vista”, dijo el arzobispo de la ciudad de Guatemala Gonzalo de Villa Vásquez el 22 de noviembre, un día después de que los manifestantes ingresaron al Congreso y le prendieron fuego. “Fueron solo unos pocos los que terminaron provocando estos disturbios … (y) es generalmente gente que no ama al país, no ama la paz, no ama la justicia”.
La ira aumentó en Guatemala después de que se aprobó el presupuesto el 18 de noviembre sin, según los manifestantes, la transparencia adecuada y mientras el país estaba distraído lidiando con las secuelas de la pandemia y las inundaciones tras dos tormentas tropicales. Los obispos de Guatemala calificaron el proceso de “opaco y seguramente turbio”.
Legisladores recortaron fondos para la oficina nacional de derechos humanos y servicios de salud y de educación, en un país donde el 60% de la población es pobre y la emigración antes de la pandemia era algo común. Los legisladores también votaron para aumentar los fondos para sus propias comidas, informaron los medios guatemaltecos, incluso cuando recortaron los programas de nutrición.
“La eliminación o disminución de partidas importantes parecen expresar rencor pero también miopía ética”, dijeron los obispos en un comunicado del 19 de noviembre.
“Llevamos diez años consecutivos de aprobación de presupuestos desfinanciados pero nunca antes en los montos tan desproporcionados como el correspondiente a este año”, dice el comunicado. “La imagen del Congreso ante la población en general, a causa de este acto irresponsable, queda sujeta a graves dudas y a condenas seguras. No favorece la gobernabilidad del país y, por el contrario, daña la paz social, tan precaria en Guatemala”.
Las protestas comenzaron ya que intentos por frenar la corrupción del país han fracasado y después de un período en el que el gobierno de Estados Unidos ha mostrado más interés en frenar la migración desde Centroamérica que en promover la ley del estado.
“Las personas se cansaron de los políticos y sus actos corruptos”, dijo Nery Rodenas, directora de la oficina de derechos humanos de la Arquidiócesis de Guatemala”. Cerca de 31 millones de dólares se quitaron a programas sociales y se le pasaron al congreso” para sus propios gastos.
